La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años recomendando la
autonomía de los centros escolares como una de las más eficaces herramientas
para mejorar los resultados educativos. Dicen que si los responsables de los
centros tuvieran más margen para decidir qué y cómo enseñar, cómo gastar el
dinero, elegir a los profesores e, incluso, negociar con ellos su sueldo, las
cosas irían mejor. En España, han insistido en ello tanto los Gobiernos del
PSOE como los del PP, pero, como siempre, con matices muy distintos y, por
supuesto, condicionados por la realidad del país, por ejemplo, por la
estructura funcionarial de los docentes de la escuela pública.
Así, la reforma que propone el
Ministerio de Educación que dirige José Ignacio Wert hace una serie de
propuestas en torno a esa idea de autonomía que levantarán, sin duda,
importantes discusiones. Por ejemplo, la que anuncia que los consejos escolares
de los centros, donde están representados padres, profesores, alumnos (en los
institutos de secundaria) y otros trabajadores, pasarán a ser meramente
"consultivos", dejando las funciones "decisorias" a los
equipos directivos. En el ministerio han explicado que se trata de
"clarificar" las funciones de cada uno para que todo funcione de
forma más eficiente, pero la falta de concreción de la propuesta deja muchos
flecos abiertos.
Sin embargo, algunos especialistas
ven la idea inviable de raíz. "Creo que puede ser anticonstitucional
limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar. El artículo 27 de
la Constitución Española establece que profesores, padres y alumnos
intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos", recuerda el catedrático de Sociología de la Complutense de
Madrid Rafael Feito. En todo caso, la discusión será si esa participación puede
reducirse a la consulta.
Ahora mismo, por los consejos
escolares pasan las decisiones más importantes del centro, como la aprobación
de presupuestos, los problemas disciplinarios, el visto bueno de los proyectos
educativos o el control de los procesos de admisión de alumnos: no en vano se
les define en la ley como órganos de gobierno. También tienen, junto al
claustro de profesores, la última palabra sobre la selección del director del
centro.
Los colegios concertados (privados
subvencionados con dinero público) también están obligados a tener un consejo
escolar con esas mismas competencias, lo cual ha generado muchas discusiones a
lo largo de los años. En general, las patronales de la concertada lo consideran
una intromisión, más aún desde la última reforma legal de 2006, que incluyó
entre los miembros del consejo a un representante del Ayuntamiento.
Los directores de los centros
públicos, reunidos en la asociación Fedadi, se han venido quejando durante
muchos años de la lentitud y las ineficiencias que este modelo significa para
los centros. Sin embargo, su propuesta no es convertir en consultivos a los
consejos escolares, sino que sean un "organismo de control", de tal
manera que los equipos directivos tengan capacidad para decidir en cada momento
lo que consideren la mejor opción, pero luego se vean obligados a rendir
cuentas al consejo escolar, explica el presidente de Fedadi, José Antonio
Martínez.
Jesús María Sánchez, presidente de
la confederación de padres y madres mayoritaria en la enseñanza pública, Ceapa,
señala que está dispuesto a debatir cambios en las competencias de los consejos
escolares y en su composición, "pero no a renunciar a su capacidad de
decisión pasando a ser solo consultivos", señala por teléfono. Sánchez
explica que, en la práctica, salvo en contadas ocasiones en que las decisiones
han de ser por unanimidad, la voz cantante es del claustro de profesores, que
cuenta con el mayor número de representantes.
De hecho, la queja de algunos
directores se basa en que este reparto les hace muy difícil o casi imposible
tomar decisiones que sean mínimamente impopulares para los docentes que
dirigen, lo que también les ha llevado a cuestionar en alguna ocasión las
funciones de los claustros de profesores. Estos, por ejemplo, pueden vetar una
iniciativa para entrevistarse con los padres de los alumnos un mínimo de veces
al trimestre.
"Se trata de un complicado
juego de equilibros. Hay que intentar que las cosas funcionen rápido y bien,
pero sin que los centros se conviertan en reinos de la arbitrariedad, sea de la
administración, de los directores, del claustro docente o de los padres",
señala Martínez.
Así, otra de las claves de este
debate es quién elige al director. Pues si depende sobre todo del consejo
escolar, los contras son los señalados más arriba; pero si queda solo al
arbitrio de la administración, muchos temen que será el final de la autonomía
de los centros, con directores completamente sumisos a las decisiones (buenas,
malas o regulares) de las consejerías que les nombran. En el proyecto del
ministerio solo se habla de que se valorará la experiencia para convertirse en
director y de que podrán optar al puesto profesores de fuera del centro.
Autonomía: ¿para quién?
Casi todos los sectores educativos
abrazan el concepto de autonomía en abstracto, pero con los detalles llegan los
problemas. Los padres de Ceapa o el sindicato UGT rechazan la autonomía
curricular (el proyecto del Gobierno habla de especialización curricular,
funcional o por tipología de los alumnos) porque creen que "puede
convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando
lugar a la selección de alumnos por el currículo".
Más eso es precisamente lo que
defiende el catedrático de Economía de la Carlos III de Madrid Antonio
Cabrales, ?"sería bueno que la posibilidad de elección viniera ligada al
rendimiento escolar"?, pero teniendo cuidado de que los alumnos puedan
efectivamente elegir: "No sería de recibo que solamente pueda escoger un
instituto que decida especializarse en humanidades si quiero ser ingeniero. De
manera que una mayor posibilidad de elección, por lo menos en secundaria, es
importante para la autonomía curricular", escribía Cabrales hace semanas
en el blog de Fedea Nada es gratis.
El presidente de la asociación
estatal de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez, también hace
advertencias contra la autonomía superficial, solo de nombre, la que en
realidad ejerce la administración y no los centros. Martínez recuerda que en
Madrid, por ejemplo, los colegios e institutos solicitan convertirse en centros
bilingües y el Gobierno autónomo lo concede o no sin hacer públicos los
criterios y deliberaciones que le han conducido a esa decisión.
La propuesta del ministerio
menciona entre las posibilidades de especialización esos centros bilingües, la
formación del profesorado, recursos tecnológicos, mejora del rendimiento,
etcétera. También hablan de planificación por objetivos; autonomía para la
gestión de personal y económica de los centros; y rendición de cuentas.
